El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, propuso reformar el Código Civil y la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México para crear las Directivas Digitales Anticipadas, mediante las cuales las personas podrían decidir el destino de sus cuentas, perfiles, contenidos e identidad digital después de su fallecimiento.
La iniciativa busca que las y los capitalinos establezcan de manera anticipada si desean conservar, eliminar, memorializar o permitir la administración de sus plataformas digitales y contenidos de carácter personalísimo. La propuesta contempla que estas instrucciones sean voluntarias, gratuitas e irrevocables.
Un registro administrado por la ADIP
El planteamiento considera que la Agencia Digital de Innovación Pública administre un registro de Directivas Digitales Anticipadas y garantice la seguridad, confidencialidad y autenticidad de las instrucciones emitidas por cada persona.
De acuerdo con la propuesta, las directivas permitirían designar a quién podría administrar una cuenta, determinar si un perfil debe mantenerse activo o solicitar la eliminación de información digital una vez que se acredite el fallecimiento de su titular.
Haces Lago aclaró que el mecanismo no sustituiría al testamento ni modificaría las reglas sobre herencias, propiedades o dinero. Su alcance estaría limitado a cuentas, perfiles, contenidos digitales y otros elementos vinculados con la identidad digital de la persona.
La propuesta busca reducir trámites para las familias
El legislador señaló que plataformas como Google, Apple y Meta cuentan con herramientas para designar contactos o gestionar cuentas de personas fallecidas, aunque cada empresa aplica sus propias reglas y procedimientos.
Por ello, la iniciativa también plantea que la Ciudad de México pueda celebrar convenios con plataformas digitales para facilitar el cumplimiento de las decisiones expresadas por una persona antes de morir. El objetivo es evitar que sus familiares deban enfrentar procesos distintos para recuperar, conservar o cerrar sus cuentas.
La propuesta tendría que continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una obligación aplicable en la Ciudad de México.